Jueza de Minnesota le pone multa a funcionario de ICE por no cumplir orden de hábeas corpus en caso de un inmigrante mexicano

Una jueza federal de Minnesota declaró en desacato a un abogado del gobierno por no acatar órdenes judiciales, lo que pone de relieve problemas dentro de la Fiscalía de los Estados Unidos.

La jueza Laura Provinzino declaró en desacato civil al fiscal federal adjunto especial, Matthew Isihara, por no cumplir con su orden judicial en un caso de hábeas corpus que involucra a Rigoberto Soto Jiménez, inmigrante mexicano de Big Lake, Minnesota.

Según documentos judiciales, Soto Jiménez fue arrestado en su trabajo por agentes de inmigración el mes pasado.

Soto Jiménez reside en Estados Unidos desde 2018 y no tiene antecedentes penales ni orden de deportación definitiva.

Su caso es una de las aproximadamente 1000 demandas presentadas contra el gobierno federal que impugnan la constitucionalidad de los arrestos y detenciones durante la Operación Metro Surge.

La jueza Provinzino ordenó su liberación del Centro de Detención Camp East Montana en El Paso, Texas, antes del 13 de febrero.

Su orden establecía que debía ser liberado en Minnesota y que el gobierno debía "devolverle todos sus bienes".

El ICE cumplió con el plazo, pero liberó a Soto Jiménez en Texas sin ninguno de sus documentos de identificación, incluyendo una licencia de conducir de Minnesota y una credencial consular mexicana.

En la audiencia del miércoles, Provinzino exigió saber por qué, casi una semana después, no se le había devuelto su documentación de identificación.

Isihara se disculpó, explicando que la Fiscalía de los Estados Unidos está actualmente desbordada por el litigio. Y con una importante escasez de personal legal, su equipo tiene dificultades para cumplir con todas las órdenes judiciales.

"Hay una enorme cantidad de casos en trámite", explicó Isihara, abogado militar con asignación especial en el Departamento de Justicia para manejar la avalancha de casos de hábeas corpus. "Este es un caso en el que, para ser sincero, se dejó pasar la oportunidad".

Al emitir su fallo, la jueza Provinzino afirmó que su decisión buscaba garantizar que el gobierno cumpliera con las órdenes judiciales. Impuso a Isihara una multa de 500 dólares por cada día que Soto Jiménez no tuviera sus pertenencias personales.

En una actualización del jueves por la noche, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) devolvió los documentos de Soto Jiménez, anulando así las multas por desacato contra Isihara.

El fiscal federal Daniel Rosen respondió rápidamente, escribiendo en un comunicado: "La orden de la jueza Provinzino constituye un abuso ilegal del poder judicial".

Este fallo por desacato es poco común, y funcionarios de tribunales federales informan que es solo la sexta vez desde 2020 que un juez de distrito de EE. UU. declara a una parte en desacato en Minnesota.

Kyle Cheney, reportero senior de asuntos legales de Politico, ha estado siguiendo la avalancha de litigios de hábeas corpus en todo el país a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos de deportación.

Dice haber visto mucha frustración por parte de los jueces federales, incluyendo los de Minnesota, por las reiteradas violaciones de las órdenes judiciales.

Y si bien ha habido amenazas de desacato, no había visto a ningún juez castigar a un funcionario del gobierno por incumplimiento hasta la orden del juez Provinzino.

"Creo que los jueces pueden estar cansados ​​de proferir amenazas y tal vez de no sentirse escuchados", explicó Cheney. "Normalmente, las amenazas funcionan porque si se amenaza con declarar en desacato a un abogado del gobierno, se les motiva a resolver el problema. Los jueces no suelen emitir amenazas de desacato a menos que la situación llegue a un punto crítico. Y cuando lo hacen, por lo general, la gente se apresura a resolver el problema antes de que se les declare en desacato".