Tres países africanos dicen que no aceptarán a salvadoreño, en medio del debate sobre su destino en dos tribunales

Funcionarios de tres países africanos declararon que no permitirán que Estados Unidos deporte a Kilmar Ábrego García a sus países, lo que podría frustrar los planes del Gobierno de Trump de mantenerlo bajo custodia.

Los rechazos —dos de los cuales fueron revelados por un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Maryland el viernes— podrían llevar a una jueza federal a ordenar al Gobierno que libere a Ábrego García de la custodia migratoria por ahora, si decide que su deportación no es inminente.

Los países —Uganda, Eswatini y Ghana— declararon en varias ocasiones en las últimas semanas que no permitirán que Ábrego García, el hombre de Maryland deportado ilegalmente a El Salvador a mediados de marzo, y posteriormente, devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, sea embarcado en un avión y enviado a sus territorios.

En virtud de una orden judicial de 2019, las autoridades estadounidenses tienen prohibido enviar a Ábrego García a El Salvador, su país natal, del que huyó años antes en medio de amenazas de violencia de pandillas.

La jueza federal de distrito Paula Xinis no se pronunció el viernes sobre la solicitud de Ábrego García de ser liberado del centro de detención donde se encuentra recluido en Pensilvania. Sin embargo, durante la larga audiencia, en ocasiones pareció no estar convencida de que el Gobierno hubiera demostrado una razón convincente para mantenerlo detenido.

La audiencia fue el último episodio del intento de Ábrego García de lograr que los tribunales intervengan en su caso de inmigración para garantizar que el Gobierno de Trump no atropelle su derecho al debido proceso meses después de haber sido deportado injustamente.

El viernes, a varios estados de distancia, otro grupo de abogados de Ábrego García compareció ante un juez federal en Nashville para determinar hasta qué punto pueden indagar en las entrañas del Gobierno de Trump mientras buscan que se desestimen sus cargos penales basándose en su afirmación de que está siendo procesado injustamente.

Su equipo informó al juez federal de distrito Waverly Crenshaw que le solicitarán en los próximos días que obligue a los fiscales federales a entregar las comunicaciones de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general adjunto Todd Blanche, como parte del proceso de investigación ordenado por el tribunal, lo que contribuirá a reforzar su intento de desestimar el caso.

Los fiscales afirman que la decisión de acusar formalmente a Abrego García recayó en el fiscal federal interino de Tennessee, Robert McGuire, y que McGuire no fue influenciado por funcionarios del Gobierno de Trump.

“Las comunicaciones entre altos funcionarios del Gobierno sobre este caso, que no influyeron en el fiscal federal interino porque no le llegaron o no fueron comunicadas (es decir, no están vinculadas a quien realmente tomó la decisión), no serán reveladas”, escribió el Gobierno en documentos judiciales esta semana.