Un juez bloqueará temporalmente el intento de poner fin a las protecciones para los familiares de ciudadanos y titulares de la tarjeta de residencia.

Una jueza federal declaró el viernes que espera bloquear temporalmente los intentos de la administración Trump de poner fin a un programa que ofrecía protección legal temporal a más de 10.000 familiares de ciudadanos y residentes permanentes.

La jueza de distrito estadounidense Indira Talwani indicó en una audiencia que planeaba emitir una orden de restricción temporal, pero no especificó cuándo lo haría. Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para poner fin a la protección legal temporal para numerosos grupos y se produce poco más de una semana después de que otro juez dictaminara que cientos de personas de Sudán del Sur pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

“El gobierno, tras haber invitado a estas personas a solicitar el programa, ahora les está poniendo obstáculos para obtener la residencia permanente”, declaró Justin Cox, abogado del Justice Action Center y quien representó a los demandantes. “Esto es increíblemente injusto”.

Este caso se refiere a un programa llamado Permiso de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés) y afecta a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La mayoría de ellas perderán sus protecciones legales, implementadas durante la administración Biden, el 14 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional puso fin a estas protecciones a finales del año pasado.

El caso involucra a cinco demandantes, pero los abogados buscan que cualquier fallo beneficie a todas las personas que forman parte del programa.

“Aunque se encuentran en un estatus temporal, estas personas no vinieron temporalmente; vinieron para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, generalmente trayendo consigo a sus familiares directos”, escribieron los demandantes en su moción. “Desde su llegada, los beneficiarios del FRP han obtenido permisos de trabajo, empleos y han matriculado a sus hijos en la escuela”.

El gobierno, en su escrito y ante el tribunal, argumentó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para poner fin a cualquier programa de permiso humanitario y que notificó adecuadamente la decisión al publicarla en el registro federal. También argumentó que la terminación del programa era necesaria por motivos de seguridad nacional, ya que las personas no habían sido investigadas adecuadamente. Además, afirmó que los recursos para mantener este programa se utilizarían mejor en otros programas de inmigración.

“El permiso humanitario puede ser revocado en cualquier momento”, declaró Katie Rose Talley, abogada del gobierno, ante el tribunal. “Eso es lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en ello”.

Talwani reconoció que el gobierno puede poner fin al programa, pero cuestionó la forma en que se hizo.