Ellison describe su plan para combatir el fraude al Medicaid en Minnesota

El Fiscal General Keith Ellison apoya una ley para combatir el fraude al Medicaid en Minnesota.

El Fiscal General Keith Ellison y el Representante Matt Norris presentaron una propuesta para la revisión de la Ley de Protección de Asistencia Médica (MAP), que aumentaría la dotación de personal de la unidad antifraude de la Fiscalía General y le otorgaría nuevas facultades para combatir el fraude.

La propuesta revisada de Ellison añade 18 empleados dedicados y especializados a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de la Fiscalía General, lo que aumenta la plantilla de la unidad de 32 a 50 empleados.

Ellison también señala que el gobierno federal iguala cada dólar que Minnesota destina a la lucha contra el fraude al Medicaid en una proporción de tres a uno. Por lo tanto, Minnesota solo tendrá que financiar cuatro de los 18 puestos, a un costo de $1.2 millones por cada ciclo presupuestario bienal.

El aumento de personal también se produce por recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal.

La propuesta también cambiaría la definición de fraude al Medicaid según la ley estatal para facilitar a los fiscales la persecución de los estafadores. Actualmente, Ellison afirma que el fraude a Medicaid se define como "presentar una reclamación falsa de reembolso con la intención de defraudar".

"Eso es todo", dijo Ellison. "Una definición tan limitada es un desafío para los fiscales porque no abarca todas las conductas delictivas que pueden formar parte de un caso de fraude a Medicaid".

Ellison afirma que la nueva propuesta prohibiría actos como mentir con la intención de defraudar, falsificar registros sobre la prestación de servicios y destruir registros cuando se recibe una solicitud de una agencia estatal. La ley también aumentaría las sanciones por fraude a Medicaid para equipararlas con las del fraude en el sector privado.

También otorgaría a la fiscalía general mayor poder para requerir registros financieros y aumentar el plazo de prescripción para gestionar mejor los esquemas de fraude a largo plazo.