La Legislatura de Minnesota considera cambios a la ley de armas de "bandera roja" que, según sus defensores, la harán más efectiva.

Las propuestas que avanzan en la Legislatura de Minnesota introducirían cambios en la ley de armas de "bandera roja" del estado —vigente desde hace dos años— con el fin de suspender temporalmente el acceso de una persona a las armas de fuego si un juez determina que esta representa un riesgo para sí misma o para terceros.

La ley entró en vigor en enero de 2024 y permite a ciertas personas —tales como familiares, fiscales de condado o municipales, y jefes de las fuerzas del orden— presentar la solicitud, conocida como "orden de protección contra riesgos extremos". Durante el primer año de implementación, se presentaron 138 solicitudes de órdenes de protección contra riesgos extremos, según datos de los tribunales estatales. Esta cifra se duplicó con creces en 2025, alcanzando las 314 solicitudes; y, en lo que va de los dos primeros meses de este año, se han registrado 60 casos.

En la mayoría de las ocasiones —en todos los casos salvo en un 4 %—, el juez concedió la solicitud, tal como indican los datos. Asimismo, la gran mayoría de estas solicitudes son presentadas por la policía.

"Creo que esa es la razón por la que estamos observando este aumento: porque considero que se trata de una herramienta que está resultando eficaz", afirmó Jay Henthorne, jefe del Departamento de Policía de Richfield y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Minnesota, entidad que representa a 300 altos mandos policiales de todo el estado.

La asociación respalda un proyecto de ley que actualmente se está tramitando en ambas cámaras del Capitolio Estatal y que tiene por objeto reforzar la legislación vigente. Entre los cambios propuestos se incluyen: permitir que las órdenes de protección contra riesgos extremos tengan una vigencia de hasta cinco años —en lugar del máximo actual de un año— bajo ciertas circunstancias; exigir a los jueces que examinen las solicitudes de medidas de emergencia incluso fuera del horario laboral habitual o durante los fines de semana; y derogar una antigua disposición que obligaba a las fuerzas del orden a reembolsar a la persona afectada el "valor justo de mercado" de cualquier arma de fuego entregada en cumplimiento de dicha orden.

Este último requisito puede suponer una carga económica considerable para los departamentos de policía con recursos limitados que operan con presupuestos municipales, señaló Henthorne.

Asimismo, la propuesta ampliaría el criterio para determinar quién califica como "familiar", a fin de armonizarlo con la definición establecida en la legislación estatal para la tramitación de órdenes de protección en casos de violencia doméstica; además, autorizaría a cualquier miembro de una agencia de las fuerzas del orden —y no únicamente a los jefes o alguaciles— a presentar este tipo de solicitudes.