Juez decidirá sobre la extensión de las protecciones para refugiados en Minnesota que enfrentan la deportación

Un juez federal escuchará argumentos el jueves sobre si debería extender una orden que protege a los refugiados de Minnesota que se encuentran legalmente en Estados Unidos de ser arrestados y deportados.

El juez federal de distrito John Tunheim impidió que el gobierno se centrara en estos refugiados el mes pasado, argumentando que era probable que los demandantes en el caso prevalecieran en sus alegaciones de que "su arresto y detención, y la política que pretende justificarlos, son ilegales". Su orden de restricción temporal, emitida el 28 de enero, expirará el 25 de febrero a menos que otorgue una orden preliminar más permanente.

Grupos de defensa de los derechos de los refugiados demandaron al gobierno federal en enero después de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos lanzaran a mediados de diciembre la Operación PARRIS, acrónimo de Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de Refugiados Posterior a la Admisión.

Esta se presentó como una "iniciativa radical" para reexaminar los casos de 5600 refugiados de Minnesota a quienes aún no se les había otorgado la residencia permanente, también conocida como tarjeta verde. Las agencias citaron fraude en programas públicos de Minnesota como justificación.

La Operación PARRIS formó parte de la ofensiva migratoria más amplia de la administración Trump dirigida a Minnesota, incluyendo el aumento repentino de miles de agentes federales en el estado. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se trataba de la mayor operación de control migratorio de su historia. También desencadenó protestas masivas tras las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció la semana pasada el fin del aumento repentino, aunque se mantendría una pequeña presencia federal.

La demanda alega que agentes del ICE fueron puerta por puerta en el marco de la Operación PARRIS, arrestando a refugiados y enviándolos a centros de detención en Texas, sin acceso a abogados. Algunos fueron posteriormente liberados en las calles de Texas y se vieron obligados a regresar a Minnesota por sus propios medios, afirmaron.

El juez rechazó la afirmación del gobierno de que tenía el derecho legal de arrestar y detener a refugiados que no hayan obtenido sus tarjetas verdes dentro del año de su llegada a los EE. UU. Dijo que eso sería ilógico y sin sentido, dado que los refugiados no pueden solicitar la residencia permanente hasta que hayan estado en los EE. UU. durante un año.