Gobierno de Trump busca reducir apoyo económico a discapacitados que vivan con sus familias

Personas con discapacidad que viven con sus familias y sean parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) podrían ser castigadas con recortes a su ingreso, debido a un plan del gobierno del presidente Donald Trump.

“La administración del presidente Donald Trump está a punto de penalizar a personas […] simplemente por vivir en el mismo hogar que sus familias [y que] está trabajando en un cambio de reglamentación que deduciría el valor de la habitación de un adulto discapacitado de su asignación de SSI”, señala un reportaje de ProPublica.

Agrega que ese recorte se aplicaría incluso en las familias que tienen ingresos por debajo del nivel de pobreza en EE.UU.

“Esto significaría recortar los beneficios de algunos de los beneficiarios de SSI de menores ingresos hasta en un tercio […] o eliminar por completo su apoyo”, se agrega.

El reportaje cuenta la historia de Shy’tyra Burton, de 22 años, quien nació dos meses prematuramente en una familia pobre de Filadelfia, no puede respirar o injerir alimentos sin tubos y debe asistir regularmente al médico.

Su caso es un claro ejemplo de la ayuda que requiere de programas federales para sobrevivir, incluso a pesar de su esfuerzo de terminar la educación especial en la escuela secundaria y aunque intentó buscar trabajo, no era considerada calificada para ello, por lo que un juez autorizó su ingreso al programa mensual de ayuda que ahora podría ser recortado hasta $300 dólares.

El motivo de los recortes federales son supuestos fraudes que acusan a la administración Trump, lo que llevará a modificar diversos programas de ayuda.

En un primer intento de recortes impulsados ​​por el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, y el comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, se suspendió luego de que ProPublica revelara sus intenciones, pero ahora los programas de discapacidad corren riesgo, ya que son administrados por la Administración del Seguro Social, pero son independientes del programa de jubilación.

Se estima que hay 400.000 personas pobres, discapacitadas y ancianos indigentes que podrían ser afectados con el plan de la administración Trump, de los cuales un 13% son hispanos, según estadísticas oficiales.

A pesar de las acusaciones de fraude, el SSI es uno de los programas más difíciles de tener acceso para las familias, debido a los requisitos y la investigación que acompaña el proceso.

De hecho, de 7,5 millones de estadounidenses con discapacidad severa que les impide trabajar, solamente un bajo porcentaje puede obtener el beneficio, tra un proceso que dura años.