Un tribunal de apelaciones suspende las restricciones sobre las tácticas que los agentes federales pueden utilizar contra manifestantes pacíficos en Minneapolis.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el miércoles la decisión de una jueza que restringía el uso de la fuerza por parte de agentes federales contra manifestantes pacíficos en Minneapolis.

El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito concedió una suspensión administrativa de la orden judicial preliminar, presentada la semana pasada, mientras el gobierno federal tramita la apelación.

El viernes, la jueza federal de distrito Katherine Menendez, en una orden de 83 páginas, prohibió a los agentes federales desplegados en Minnesota como parte de las operaciones de inmigración de la administración Trump el uso de gas pimienta o municiones no letales contra manifestantes pacíficos. La orden también les prohibía arrestar a manifestantes pacíficos.

Asimismo, prohibía a las fuerzas del orden federales detener o retener a conductores y pasajeros cuando no existiera "sospecha razonable y fundamentada" de que las personas que conducían cerca de las protestas estuvieran interfiriendo por la fuerza con las operaciones policiales.

El fallo, ahora suspendido, respondía a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en nombre de seis miembros de la comunidad, quienes alegaban que los agentes federales habían violado sus derechos constitucionales.

Una de las demandantes, Susan Tincher, declaró que el 9 de diciembre acudió a observar la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su barrio de Minneapolis y que, a los 15 segundos de su llegada, ya estaba "en el suelo, esposada".

Tincher relató que la llevaron a un centro donde la "encadenaron" y la "retuvieron durante cinco horas" antes de ser puesta en libertad.

El fallo de Menendez se produjo tras un aumento de las operaciones de control de inmigración en Minneapolis durante varias semanas. Miles de agentes federales han sido desplegados en la zona para buscar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente e investigar denuncias de fraude en Minnesota. Originalmente, la orden debía permanecer en vigor hasta que concluyera el despliegue masivo de agentes federales.