Tribunal de apelaciones bloquea al Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este viernes los planes del Gobierno de Trump para poner fin a las protecciones legales de 600.000 venezolanos que tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU. respaldó por unanimidad el fallo de un tribunal inferior que mantiene el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos mientras el caso sigue en los tribunales.

Los jueces del Noveno Circuito concluyeron que los demandantes probablemente tendrían éxito en su argumento de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad para revocar o dejar sin efecto una extensión previa del TPS, ya que la ley aprobada por el Congreso no lo permite. El Gobierno demócrata del entonces presidente Joe Biden había extendido el TPS para venezolanos.

“Al promulgar la ley del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y protegido de la política electoral”, escribió la jueza Kim Wardlaw, designada por el presidente Bill Clinton, un demócrata, en nombre del panel. Los otros dos jueces también fueron designados por presidentes demócratas.

El juez federal Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerían en su argumento de que el Gobierno republicano de Donald Trump excedió su autoridad al terminar las protecciones y que actuó motivado por animosidad racial. Chen ordenó suspender las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su decisión sin explicación, algo común en apelaciones de emergencia.

No está claro qué efecto tendrá el fallo de este viernes sobre los aproximadamente 350.000 venezolanos del grupo de 600.000 cuyas protecciones expiraron en abril. Sus abogados afirman que algunos ya han sido despedidos, detenidos en centros migratorios, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses e incluso deportados. Las protecciones para los 250.000 venezolanos restantes están programadas para expirar el 10 de septiembre.

El TPS permite a la secretaria de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países afectados por conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un regreso seguro.

Al terminar las protecciones, Noem argumentó que las condiciones en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional de EE.UU. permitir que los migrantes permanecieran bajo un programa temporal.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país atraviesa una crisis prolongada causada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Los abogados del Gobierno de EE.UU. argumentaron que la secretaria de Seguridad Nacional tiene autoridad amplia para tomar decisiones sobre el TPS y que estas no están sujetas a revisión judicial. También negaron que las acciones de Noem estuvieran motivadas por animosidad racial.