Tribunal bloquea orden de juez de liberar a cientos de inmigrantes arrestados en la ofensiva migratoria de Illinois
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Un tribunal federal de apelaciones pausó la liberación de cientos de inmigrantes que fueron arrestados durante las acciones agresivas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional en el área de Chicago a principios de este año, según un documento judicial presentado este jueves.
El miércoles pasado, el juez de distrito de EE.UU. Jeffrey Cummings ordenó al Gobierno de Trump liberar bajo fianza de US$ 1.500 a cientos de detenidos después de determinar que los arrestos violaron un decreto de consentimiento local que prohíbe arrestos de inmigrantes sin orden judicial.

Los registros judiciales mostraron que el viernes pasado el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una lista de más de 600 personas para ser evaluadas para su liberación. La lista mostró que solo una fracción de los detenidos fue considerada de “alto riesgo” por funcionarios federales.
La lista incluyó antecedentes penales de solo 16 acusados. Esos antecedentes incluían condenas o arrestos por asalto agravado, conducir bajo la influencia, exhibicionismo, agresión y seducción de un menor y secuestro.
Un análisis de CNN del documento del DOJ mostró que los inmigrantes arrestados en el área de Chicago fueron trasladados a centros de detención tan lejanos como Texas y Kentucky.
Este jueves, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito falló a favor del Gobierno de Trump para mantener bajo custodia a los incluidos en la lista, apenas un día antes de que los detenidos fueran liberados.
Las tensiones entre el Gobierno de Trump y líderes locales, manifestantes y periodistas en Chicago e Illinois han aumentado desde que comenzó la Operación Midway Blitz en el verano. El Gobierno enfrenta múltiples demandas legales por el uso de la fuerza contra manifestantes, el trato a medios y miembros del clero, y las detenciones sin orden judicial.
La ofensiva federal contra la inmigración ha generado preocupación en la comunidad por el posible perfilamiento racial y violaciones de derechos constitucionales, tanto de personas documentadas como indocumentadas, ya que la política de deportaciones masivas ha afectado a personas de todas las edades, desde niños y familias hasta presuntos delincuentes, con arrestos en tiendas, granjas, audiencias judiciales, controles de tráfico y lugares de trabajo.
En su solicitud para pausar la liberación de inmigrantes indocumentados, el Gobierno de Trump argumentó que las órdenes del juez Cummings interpretaron incorrectamente la ley, excedieron el alcance del acuerdo y la autoridad legal del tribunal, e interfirieron con la labor de los agentes migratorios.

































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