Minnesota se suma a una demanda que alega discriminación federal contra las personas transgénero en Estados Unidos.

Minnesota se sumó a una demanda en nombre de 12 estados que acusan al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) de discriminar a las personas transgénero mediante la asignación de diversos fondos federales.

Un comunicado emitido el viernes por la oficina del Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, alega que el HHS está discriminando a las personas transgénero estadounidenses al imponer condiciones a miles de millones de dólares en fondos federales, exigiendo a los beneficiarios que certifiquen su consentimiento a una orden ejecutiva presidencial que "pretende negar la existencia de las personas transgénero e imponer definiciones de sexo rígidas y acientíficas".

“Este es otro ataque descarado contra la comunidad transgénero por parte de la administración Trump”, declaró Ellison.

“Esta política del HHS busca presionar a las instituciones educativas y de atención médica de Minnesota para que acepten las posturas acientíficas, obsoletas y francamente discriminatorias de la administración sobre el género, a pesar de todo el daño conocido y predecible que esto causaría a las personas transgénero de Minnesota y sus familias.

"Es otra medida más diseñada para impulsar el claro objetivo de la administración de excluir a nuestros vecinos transgénero de la vida pública. Minnesota no lo permitirá”.

La oficina de Ellison indicó que los fondos federales para salud, educación e investigación se verían afectados.

Además de Ellison, los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, Illinois, Michigan, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington argumentan que el HHS no tiene la autoridad para imponer estos requisitos, afirmando que la medida es un intento de "reescribir ilegalmente el Título IX mediante una acción ejecutiva y una política de la agencia".

El Título IX se refiere a una ley histórica de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier escuela u otro programa educativo que reciba fondos federales.

Ellison afirmó que la política también viola la Ley de Derechos Humanos de Minnesota de 1993, que establece que la identidad de género es una condición protegida y define la "identidad de género" como "el sentido inherente de una persona de ser hombre, mujer, ambos o ninguno".

También explica que la "identidad de género de una persona puede o no corresponder al sexo que se le asignó al nacer".

La coalición de fiscales generales solicita a la corte que impida que la agencia implemente la política.