Juez dictamina que desmantelamiento del Instituto de Paz de EE. UU. por parte de DOGE fue ilegal

La jueza federal de distrito Beryl Howell prohibió a la administración Trump avanzar con el desmantelamiento del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP), una organización que fue tomada en marzo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encabezado por Elon Musk.

Howell falló a favor de varios miembros de la junta directiva del instituto y de su presidente, quienes habían sido despedidos e impugnaron sus despidos, así como los esfuerzos de la administración por tomar el control y desmantelar la organización. La misión del instituto es promover la resolución y la prevención de conflictos en todo el mundo.

La demanda, presentada por los exmiembros de la junta y el presidente de la organización, sostenía que el Instituto de la Paz fue establecido por ley como una organización independiente y sin fines de lucro. Argumenta que el despido de los miembros de la junta no cumplió con ninguno de los pasos requeridos por la ley que creó la organización.

En marzo, Howell se negó a emitir una ayuda de emergencia al Instituto de la Paz, pero dijo que era “indiscutible” que la destitución de los miembros de la junta no estaba de acuerdo con la ley federal, aunque los demandantes en ese momento no pudieron hacer la demostración requerida para una orden de restricción temporal.

Pero en una decisión de 102 páginas que concede la solicitud de los exmiembros de la junta de fallar sumariamente a su favor, Howell escribió que el presidente Trump “cuestionó el juicio del Congreso y del presidente Reagan al crear el USIP hace 40 años, y el juicio de cada Congreso desde entonces, incluido el de 2024”, cuando firmó una orden ejecutiva que efectivamente desmanteló el Instituto.

Howell declaró ilegales los supuestos despidos de los miembros de la junta directiva del Instituto para la Paz y de su presidente, Moose, y ordenó que permanecieran en sus cargos. La juez también declaró inválidos los nombramientos de Jackson y Nate Cavanaugh como presidentes del instituto y declaró nulas todas sus acciones, incluyendo los intentos de Cavanaugh de transferir la sede de la organización a la Administración de Servicios Generales.

Howell impidió que los funcionarios de DOGE accedieran o ejercieran control sobre las oficinas, instalaciones, sistemas informáticos y otros registros del Instituto de Paz de Estados Unidos.

En su fallo, la jueza criticó a Trump y a DOGE, escribiendo que “usaron fuerza bruta y amenazas de proceso penal para tomar la sede de USIP, a pesar de haber sido advertidos de que esta organización no pertenecía al poder ejecutivo y que su liderazgo no estaba sujeto al poder de destitución unilateral del presidente”.

El juez dijo que el despido de miembros de la junta directiva, personal y contratistas del Instituto de la Paz por parte de DOGE, liderado por Elon Musk, así como el traslado del edificio para usarlo para otros fines, fue ilegal.