Dictan sentencia contra Genaro García Luna y su esposa en Miami; deberán pagar 2 mil 500 millones de dólares

Este jueves 22 de mayo se dio a conocer que una jueza en el estado de Florida, Estados Unidos, sentenció a Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar más de 2 mil 500 millones de dólares. El exsecretario de Seguridad Pública había sido demandado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la cual lo señalaba por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción.

La sentencia fue emitida luego de que el 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida, esto por presuntamente haber obtenido millones de dólares del gobierno de México, a través de sobornos, manipulación de licitaciones y corrupción gubernamental.

Las autoridades mexicanas han señalado que García Luna operaba a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental. El exfuncionario obtenía el dinero a través de contratos manipulados y posteriormente transfería el dinero fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, esto para aparentemente ocultar las cifras de dinero que tenía.

Además, la UIF reclamaba un total de 28 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos. De esas propiedades, 12 fueron vendidas antes de que iniciara el proceso legal y seis más se vendieron después. Según la investigación de la UIF, García Luna habría recibido sobornos y con ese dinero habría comprado los inmuebles a través de empresas fachada y transferencias sospechosas.

“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección, a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental, obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales”, explicaron los abogados de la UIF cuando comenzó el proceso legal.