Cerca de 1,000 niños fueron víctimas de abuso por parte de clérigos en Massachusetts, revela investigación

La Fiscalía General de Massachusetts informó que, durante décadas, las denuncias de abuso sexual contra miembros del clero católico fueron atendidas dentro de las propias estructuras de la Iglesia y que, en varios casos, los sacerdotes señalados no fueron reportados a la policía. La investigación revisó lo ocurrido en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester.

El informe, presentado el miércoles, identificó a más de 270 clérigos acusados de abusar de cerca de 1,000 niños a lo largo de aproximadamente un siglo. La investigación también puso bajo la lupa lo que hicieron los responsables de las diócesis cuando recibieron denuncias o encontraron señales de que un sacerdote podía representar un riesgo para menores.

Los investigadores encontraron que, en distintos momentos, hubo sacerdotes que fueron trasladados a otras parroquias sin explicar las razones, mientras que otros recibieron tratamiento y posteriormente regresaron a sus funciones sin una supervisión que la Fiscalía consideró suficiente.

Una revisión de 7 años

Para reconstruir lo ocurrido, la Fiscalía inició su investigación en 2019 y revisó más de 300,000 páginas de documentos. El equipo también entrevistó a más de 100 personas, entre ellas supervivientes de abuso, abogados, defensores, sacerdotes, empleados de las diócesis y especialistas en derecho canónico y abuso infantil.

Los investigadores revisaron qué sucedía después de que una persona denunciaba un posible abuso, cómo respondían los responsables religiosos y si las diócesis cumplían con sus propios protocolos. También analizaron si los menores recibían una protección adecuada después de que surgieran las acusaciones.

El resultado fue un informe de 191 páginas que, según la Fiscalía, representa el primer análisis público de este tipo que reúne lo ocurrido en las tres diócesis. “Lo que descubrimos fue profundamente inquietante”, señala el documento.

El poder de los sacerdotes

Una parte importante de los hechos investigados ocurrió durante las décadas de 1960 y 1970, cuando los sacerdotes tenían una enorme influencia dentro de muchas comunidades católicas.

La Fiscalía señala que las familias confiaban ampliamente en los miembros del clero, una situación que les permitía tener un acceso cercano a niños y adolescentes. Esa relación de confianza también podía dificultar que las víctimas fueran escuchadas o que los adultos a su alrededor cuestionaran el comportamiento de un sacerdote.

El informe analiza precisamente ese contexto para explicar cómo los abusos pudieron extenderse durante largos periodos y por qué algunas denuncias no generaron una respuesta inmediata de las autoridades religiosas.

Sacerdotes trasladados

Uno de los puntos más relevantes de la investigación está relacionado con lo que ocurrió después de que surgieran acusaciones.

Según los investigadores, algunos sacerdotes señalados fueron movidos de una parroquia a otra sin que se explicara claramente el motivo. En otros casos, los religiosos fueron enviados a recibir tratamiento y después regresaron a sus labores sin contar con controles o supervisión suficientes.

La Fiscalía también encontró casos en los que los líderes de las diócesis no avisaron a la policía pese a las denuncias o a las señales de alerta que habían recibido.

El informe cuestiona de esta manera no solo las acciones de los sacerdotes acusados, sino también la forma en que las instituciones religiosas respondieron cuando tuvieron conocimiento de los posibles abusos.

¿Por qué no hubo cargos?

Aunque la investigación documentó cientos de acusaciones, la Fiscalía no presentó cargos penales derivados de los hechos incluidos en el informe. Esto se debe principalmente a que muchos de los casos ocurrieron hace décadas y ya habían vencido los plazos legales para procesarlos.

Además, una gran parte de los abusos investigados ocurrió antes de los cambios legales aprobados en Massachusetts en 2002. Esas reformas modificaron las reglas relacionadas con la protección de menores y establecieron nuevas obligaciones para sacerdotes y otros integrantes del clero, incluida la obligación de reportar casos de abuso infantil.

Por esta razón, el trabajo de la Fiscalía se concentró en reconstruir lo ocurrido y revisar la respuesta de las instituciones, aunque en muchos de los casos analizados ya no existiera la posibilidad de presentar cargos.